Fue el martes negro para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien envió al Congreso un memorándum mediante el cual se deroga la Reforma Educativa aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Inmediatamente juristas de todas las tendencias criticaron al mandatario porque jurídicamente un memorándum no puede estar por encima de la Constitución.

Este memorándum coloca al Poder Ejecutivo en un embrollo jurídico difícil, que lleva a sospechar que dentro de su gabinete hay quienes obstaculizan su trabajo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó que el presidente López Obrador cumpla con el mandato de respetar la Constitución y sus leyes y se retracte del memorándum en materia educativa, a fin de anteponer el interés superior de la niñez y la juventud del país.

La educación es un derecho humano fundamental reconocido tanto por la Constitución como por diversos tratados internacionales suscritos por México, por lo que es obligación del Estado mexicano hacer efectivo ese derecho y garantizar educación de calidad sostenible, sostuvo el organismo de los derechos humanos.

La CNDH fijó su postura frente a las medidas que ha adoptado el presidente López Obrador: más allá de coyunturas políticas o diferendos ideológicos, es preciso que el Estado cumpla con su obligación y proteja efectivamente ese derecho a la educación, para que dé certidumbre a los términos y las condiciones de su vigencia y podrá ser exigible.

“Son las niñas, niños y adolescentes los principales beneficiarios del mismo, por lo que cualquier acción que se emprenda en este ámbito, también debe tomar como premisa de ponderación, la defensa del interés superior que les asiste”.

Luego del cuestionable memorándum enviado a la Cámara de Diputados para que borren hasta la última coma, punto y coma y todo el contenido de la “mal llamada” reforma educativa, como expresa López Obrador en sus mañaneras declaraciones, voceros de partidos de oposición y sus críticos habituales se le fueron a la yugular.

Los críticos que todos los días cuestionan al primer mandatario, identificaron de inmediato que los procedimientos estaban fuera de la ley, y la guerra se agudizó en las redes sociales donde legisladores de todos los partidos comentaron las “metidas de pata” de los lineamientos presidenciales para anular la reforma educativa de Peña Nieto, por ser ajenos a los previstos por la Constitución.

Desde la óptica de la CNDH, esta situación genera el riesgo de vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de que las autoridades actuarían al margen o fuera de las normas, dejando sin efecto garantías institucionales y propiciando actuaciones discrecionales.

O sea, estamos ante algo grave, pues mientras el presidente López Obrador argumenta la defensa de la Constitución y las leyes que de ella emanan, sus acciones, como es el caso del memorándum, debilita el cumplimiento del Estado de derecho y las instituciones cuando las instancias de poder ordenan que la ley se desconozca, no se cumpla y se deje de aplicar.

 La CNDH exhortó al Poder Ejecutivo a que se apegue al cumplimiento de la ley en este caso, pues los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, de tal modo que la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política.

Hizo un llamado al ejecutivo federal para que “en cumplimiento a la protesta que hizo al asumir el cargo, así como a las obligaciones constitucionales inherentes al mismo, rectifique las instrucciones que ha girado y considerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, emprenda las acciones conducentes, en el marco de la ley, para hacer vigente y garantizar debidamente el que el derecho a la educación sea una realidad en el país”.

Los mismos legisladores y expertos en la materia coincidieron en los señalamientos de la CNDH de que en caso de que el marco normativo vigente en materia educativa no resultara adecuado, corresponde al Poder revisor de la Constitución –la Suprema Corte de Justicia de la Nación- o en su caso al Poder Legislativo efectuar las adecuaciones conducentes, asumiendo como premisa básica de actuación la vigencia efectiva de tal derecho y la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

“Del mismo modo, existen instancias encargadas de la administración e impartición de justicia, a las cuales corresponderá decidir, en definitiva, sobre la legalidad y justicia de normas, hechos y casos que se pongan a su conocimiento. La ley, la educación y la vigencia de los demás derechos humanos, no puede ser botín o moneda de cambio ante intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole”.

¿Quién asesora al Presidente?

Causa polémica el tratamiento de los temas de la agenda presidencial. El martes, el presidente López Obrador difundió el informe sobre las gasolinerías que vendían más caro y más barato el litro de combustible y ese mismo día, en otro momento en su mañanera, “recomendó” prudencia a los reporteros porque si se pasaban, ya sabían lo que podía suceder. ¿qué podría pasar? ¿a qué vienen las advertencias?

Los periodistas que acuden muy temprano a cubrir la información a Palacio Nacional hicieron lo conducente: difundieron que los datos que se manejaron por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, estaban desfasados. Había estaciones de servicio que desde 2017 no prestan el servicio y otras señaladas como las que venden más barato las gasolinas están cerradas desde hace meses.

A las advertencias presidenciales, los reporteros de la fuente difundieron la información apegada a la realidad, que al día siguiente reconoció AMLO al decir que poco a poco el informe estará más apegado a la realidad. ¿Quién o quiénes están metiendo zancadillas al Presidente de la República?

El mandatario reconoció el error y explicó que la lista había sido elaborada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). “Lo que se procuró es que la fuente fuese una entidad autónoma y sí puede ser que haya habido problemas de actualización. Se va a corregir. Vamos a cuidar que se ajuste completamente a la realidad, vamos a cruzar esa información con datos de la Procuraduría del Consumidor para ser más precisos”. Y esta vez no hubo enfrentamiento.

Igual que en los temas de la reforma educativa y de quién es quién en los precios de la gasolina, pese a la altanería y grosería del show de Jorge Ramos, quien asume de inmediato el papel protagónico en sus entrevistas, dejó en claro que el presidente López Obrador carece de asesores que le den información vigente y cierta de muchos temas y respecto a la seguridad pública en este caso y en el de los periodistas asesinados durante los primeros meses del sexenio. No hay duda: colaboradores del equipo cercano están metiendo autogoles a la 4T.

Otro caso es el de los medicamentos. De acuerdo con el artículo 133 Constitucional y los Tratados Internacionales que son también Ley Suprema de la Nación, se vulneran con la alternativa de lanzar licitaciones públicas internacionales, que se contrapone precisamente a esos preceptos.

Por eso, los despachos legales de muchos laboratorios internacionales que operan en México, ya han comenzado a analizar las posibles violaciones de nuestro país a los tratados internacionales que tiene firmados, al abrir las licitaciones públicas de medicamentos a competidores de naciones con las cuales no existen acuerdos. Hay riesgo de pisar en falso si no hay asesoría legal.

Urgen asesores para los asesores que están mal orientando al Ejecutivo federal y a los funcionarios del primer nivel, o habrá más desencuentros en Palacio Nacional.

Escrito por José Vilchis Guerrero (Nigromante) / 19 de abril de 2019.


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