Luego de las descalificaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador por sendas misivas enviadas a Su Santidad el Papa Francisco y al rey de España Felipe VI para que se disculpen por los crímenes cometidos durante la conquista de la gran Tenochtitlan, donde se impuso con violencia el catolicismo a los pueblos originarios a los que masacraron en distintas regiones, surgieron voces que llaman al gobierno federal para atender problemas urgentes y de coyuntura. El gobierno federal tendría que disculparse por descuidar la seguridad pública y por la impunidad que prevalece en los crímenes contra periodistas.

En un mismo día, el periodista Carlos Loret de Mola denunció, a través de su programa en W Radio, que el Cártel de la Totoaba lo amenazó de muerte, luego de que en varios programas lo exhibió porque trafica con la vaquita marina, especie que se ha declarado en proceso de extinción y que es objeto de comercio ilegal de México a Asia. Minutos después, al medio día, el periodista Juan Bautista denunció amenazas en su contra y también contra su colega la periodista y locutora Celeste Sáenz de Miera, integrante de la dirección colectiva del Club de Periodistas de México AC. Ambos denunciaron el abuso y acaparamiento del agua por parte de un grupo de caciques en el estado de Morelos, lo que motivó las amenazas.

Loret de Mola explicó que ha recibido sistemáticamente una serie de amenazas de muerte de esta organización ilegal, luego de que promoviera una noticia de un enfrentamiento en San Felipe, Baja California, entre esta organización y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), que se debió a que integrantes de la organización delictiva se hicieron pasar por pescadores furtivos y se enfrentaron a los Marinos.

Afirmó que Oscar Parra Aispuro y Sunshine Rodríguez, los líderes del Cártel de la Totoaba, “me tienen amenazado de muerte”, expresó Loret de Mola y que, de acuerdo a información que ha obtenido, ambos fueron detenidos pero después liberados por mediación de Enrique Acosta Fregoso, hombre ligado a Jorge Hank Rhon. Sunshine Rodríguez se hace pasar por líder de pescadores; pero, en realidad, es miembro del Cártel de la Totoaba, sostuvo Loret de Mola.

Al mediodía del jueves anterior, Juan Bautista, a quien se le recuerda como asistente del periodista Manuel Buendía Téllezgirón, quien fuera asesinado por el entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, el 30 de mayo de 1984, denunció que luego de haber hecho investigaciones en torno al acaparamiento del agua en Temixco, Morelos, por un grupo de caciques, fue amenazado de muerte por ellos, junto con su colega, la locutora Celeste Sáenz de Miera, con quien realizó el mencionado programa radiofónico.

Con motivo de las amenazas de muerte en contra de Juan Bautista Rojo, Secretario General de la Fraternidad de Reporteros de México, el periodista Mauricio Laguna, presidente de la comisión de defensa de los derechos de los periodistas de la misma agrupación, difundió un estudio sobre las agresiones a periodistas en el que señala que de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, México se sitúa sólo atrás de Afganistán en actos de agresión contra periodistas.

El pasado 2 de noviembre de 2018, se conmemoró el "Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas", esa misma fecha la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), precisó que durante los dos últimos años han sido asesinados 182 comunicadores en el mundo. México aportó al menos 25 víctimas de ese total, es decir, poco más del 20 por ciento.

México y Afganistán fueron las dos naciones más golpeadas por los asesinatos de comunicadores durante los dos últimos años, con 26 y 21 decesos, respectivamente. Esto lo confirma el informe de la UNESCO sobre la seguridad de los periodistas, que registra 182 asesinatos de periodistas en todo el mundo. Por si fuera poco, desde 2006 a la misma fecha, el 89% de los casos sigue sin resolverse.

De los 1010 casos condenados por los directores generales de la UNESCO, entre 2006 y 2017, solamente se resolvieron 115, una escasa cifra que indica que ese 89% de esos casos siguen impunes. En América Latina y el Caribe, solo se falló el 18% de los casos, esto es 41 de las 226 muertes. Otra de las tendencias negativas que destaca el informe es que durante 2017 murieron 11 mujeres, la cifra más alta registrada desde que la UNESCO comenzó a informar sobre los asesinatos de periodistas, en 2006.

Además de los asesinatos, las informadoras también sufren acoso y violencia sexual, amenazas y según los recientes informes que baraja la UNESCO, hay un ascenso del acoso en línea. Asimismo, los reporteros locales representan el 90% de todos los periodistas asesinados en 2017, pero sus muertes reciben “mucha menos atención mediática que la que se presta a los de periodistas y corresponsales extranjeros”, según la UNESCO.

Las cifras son altamente preocupantes, y el estupor crece de manera exponencial cuando se recurre a otros estudios como el de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), cuya investigación precisa que desde 1990 el agravamiento de la violencia contra comunicadores durante los últimos 25 años, crece en paralelo a los altos índices de impunidad y México persiste entre los primeros lugares en el mundo.

La organización Artículo 19, señala que en México muere un periodista cada 26 días. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta, del 2000 a la fecha, 133 homicidios de periodistas, 21 desaparecidos y actualmente cuenta con 92 expedientes abiertos relacionados con agresiones a periodistas. Las estadísticas demuestran que la mayor parte de estas agresiones son cometidas en el ámbito estatal, y más de la mitad son perpetradas por autoridades locales. El informe también destaca un incremento de los asesinatos de los periodistas autónomos durante el bienio estudiado por Laguna y por Salvador Briceño, de la misma comisión.

Las agresiones a periodistas han sido una constante, pese a que el derecho a la libertad de expresión, un derecho fundamental fue incluido desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1798, luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

En los hechos, la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, no ejerce esa facultad de atracción y los delitos gozan de absoluta impunidad. El 99.7% de las agresiones a periodistas quedan impunes, de las más de 800 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, solamente se han emitido 3 sentencias.

Otro aspecto importante son las 45 agresiones a periodistas que fueron cometidas durante el pasado proceso electoral en todo el país, y van desde amenazas verbales hasta golpes a los comunicadores y sus familias, siendo un total de 189 agresiones a reporteros y trabajadores de medios a nivel nacional en lo que fue 2018.

Resulta alarmante que en los tres sexenios recientes han sido asesinados 143 periodistas hasta la primera semana de diciembre del 2018, situación que se ha tornado más grave en Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Guerrero. En particular Veracruz es el estado más riesgoso para ejercer esta profesión, seguido por Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), al menos 47 periodistas fueron asesinados, mientras que en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya suman 7 víctimas. Fue la mañana del sábado primero de diciembre de 2018 cuando se encontró sin vida en Tepic el cuerpo sin vida del periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez, reportero de nota roja y colaborador de diferentes medios de comunicación en Nayarit, mientras que Diego García Corona, fue asesinado  el 4 de diciembre, en Ecatepec, Estado de México..

Organismos no gubernamentales, la CNDH, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas en Derechos Humanos y organizaciones periodísticas han condenado los asesinatos ocurridos en lo que va de 2019, como son los casos de Rafael Murúa  Manriquez localizado el 20 de enero en Baja California Sur y del periodista Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, ocurrido el 9 de febrero  en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.

Según la información recibida, Ramos Rodríguez fue atacado la mañana del 9 de febrero mientras se encontraba en compañía de amigos en un restaurante de la localidad y, a pesar de que fue trasladado rápidamente a un centro hospitalario, falleció como consecuencia de las heridas sufridas. Fue el segundo periodista asesinado en 2019, tras el asesinato en enero del periodista José Rafael Murúa Manriquez, quien estaba desde 2016 en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En noviembre pasado, volvió a denunciar amenazas en su contra tras publicar críticas a la administración del alcalde de Mulegé, Felipe Prado Bautista, en Baja California Sur.

El Locutor de radio local de deportes Reynaldo López fue asesinado en febrero en Hermosillo, Sonora, Santiago Barroso, fue asesinado el 15 de marzo en San Luis Rio Colorado, Sonora y recientemente el comunicador de deportes Omar Iván Camacho fue asesinado el pasado domingo 24 de marzo en la comunidad de La Escalera, Sinaloa.

Mientras que la FIP considera que han sido asesinados cerca de dos mil periodistas en el último cuarto de siglo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras y Artículo 19 calculan que en México han sido victimados al menos 140, si bien otros cálculos elevan la cifra hasta 141, sin contar a desplazados, exiliados, desaparecidos, circunstancia negada, rechazada de manera constante durante mucho tiempo por las autoridades.

El análisis de la FIP para México es abrumador: "El ejercicio del periodismo cayó en manos de la violencia del crimen organizado y los barones de la droga y sus cómplices en las administraciones gubernamentales", razones por la cuales pasó de un tercer lugar en 2014 al segundo lugar, solo después de Afganistán sin estar inmerso nuestro país en una guerra formal.

Por lo anterior, la Fraternidad de Reporteros de México , se ha propuesto revisar las circunstancias desde diversas ópticas, la situación de violencia en las que se ha visto envuelta la actividad profesional del reportero, promover campañas preventivas, mejorar las leyes y su aplicación; así como elevar la conciencia social de respeto a su utilidad cultural y democrática al servicio de una mejor sociedad.

Escrito por José Vilchis Guerrero / 30 de marzo de 2019


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