Al paso de los días se multiplican los nuevos hallazgos de que la corrupción ha echado raíces profundas en Petróleos Mexicanos y todavía no hay evidencias de que se avance en el rescate de la paraestatal.

Un informe presentado hace un año por Luis Miguel González, director editorial de El Economista, señala que en el 2012, el robo de combustible costó 7 mil 400 millones de pesos a Pemex. Cinco años después, la cifra ya alcanzó los 30 mil millones de pesos. En los primeros cinco años del sexenio anterior, lo robado supera los 70 mil millones de pesos, mientras que las perforaciones de ductos se multiplicaron por cinco.

Lo robado hasta diciembre de 2017 era equivalente a 4 mil millones de dólares. De acuerdo con especialistas, con ese dinero se podría construir una refinería mediana o grande o fortalecer el programa de inversiones de la petrolera. Por el contrario, los grupos criminales se apoderaron de la industria petrolera, sin que hubiera podido evitarlo el gobierno de Enrique Peña Nieto. O no lo hizo.

Entre abril y mayo de 2017 se inició la guerra contra el huachicol, pero de bajo perfil, porque para 2018 alcanzó una escala industrial, del tamaño de otra empresa en competencia con Pemex. Del robo en los ductos que atraviesan los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, se extendió exponencialmente a Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

La penetración del crimen organizado no se explica sin la colaboración de altos funcionarios de Pemex, a quienes que les arrebató un negocio que se estima en mil 600 millones de dólares anuales. Los criminales emplean armas de alto poder, operan a través de comandos y utilizan tecnología de punta para hacer la ordeña. La organización sofisticada de los criminales contrastó con el desorden del Estado y la debilidad de Pemex, la víctima principal de este delito.

El director de Pemex, Carlos Treviño, reportó para entonces que habían “capturado” a mil 600 personas robando combustible, pero de ellos sólo entre 1 y 2% de ellos fueron encarcelados.

La ley no incluye castigos severos para quienes participan en el robo de combustible. Inexplicablemente los legisladores han actuado con tortuguismo en este tema. Por si esto fuera poco, el sistema policiaco/legal tejió una red que para entonces no atrapó a casi ningún huachicolero. Hubo una tasa de impunidad de 98 ó 99 por ciento. 

Pemex fue la víctima principal del delito, pero muy peculiar, por la ineficacia de sus procedimientos para combatir a los implicados: Treviño anunció el despido de personal por el hurto de combustible, pero no quedó claro por qué no fueron encarcelados.

Al iniciar la nueva administración un combate frontal a los huachicoleros con toda la fuerza del Estado (Ejército, Marina, Policía Federal, policías estatales y municipales) los  integrantes del gabinete de Seguridad, informaron de los primeros resultados de las investigaciones de la estrategia contra el robo de combustible: 5 denuncias ante el Ministerio Público que involucran a 15 personas morales, 13 gasolineras bloqueadas por operaciones irregularidades y 14 empresas bloqueadas por operaciones irregulares o inusuales.

Hay cinco denuncias ante el Ministerio Público que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas ya están bloqueadas, vinculadas al comercio de combustible, como franquiciatarios de Pemex, y que no tienen permiso de importación.

Hay también 13 empresas bloqueadas por operaciones e irregularidades, que tienen franquicia de Pemex pero no le compran a Pemex pero sí reportan venta de combustible. Sus cuentas, por supuesto, ya están bloqueadas, dijo.

También han sido bloqueadas las cuentas de otras 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas. En uno de los grupos de empresa que se les presentará, tiene ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De esto, hay una utilidad marginal por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria.

Sin embargo, la Jueza federal Patricia Marcela Díez Cerda suspendió temporalmente cualquier orden de aprehensión o localización que haya contra Eduardo León Trauwitz, General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Presidencial (EMP) que es investigado por el saqueo de combustibles en Petróleos Mexicanos (Pemex).

El exgerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex también fue amparado también contra cualquier orden de detención, presentación, búsqueda o arresto, de acuerdo con información de medios nacionales. El 16 de enero León Trauwitz presentó el amparo. La Jueza impuso al General Brigadier una garantía de 30 mil pesos. El próximo jueves se determinará si se concede o no la suspensión definitiva.

El colmo: Odebrecht demanda a Pemex

Pero no acaban los días malos para Pemex, que ahora enfrenta una querella de la empresa brasileña Odebrecht, que le demanda el pago de mil 878 millones de pesos por la recisión de los contratos que le fueron adjudicados entre 2014 y 2015, durante la gestión de Emilio Lozoya, quien se encuentra bajo investigación por sospechas de corrupción.

De acuerdo a Reforma, Odebrecht Ingeniería y Construcción presentó el pasado 14 de diciembre la demanda contra Pemex Transformación Industrial.

En la demanda se reclaman trabajos realizados no pagados, más daños, perjuicios y gastos financieros por la rescisión del contrato “construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula”, adjudicado directamente en noviembre de 2015 por mil 811 millones de pesos.

Odebrecht está señalada por sobornos en varios países de América Latina. En México está inhabilitada y enfrenta dos multas administrativas fincadas por la Secretaría de la Función Pública, que suman mil 87 millones de pesos. Dichas multas derivaron de la supuesta evasión de requisitos del contrato que ahora motiva la demanda de Odebrecht, con número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15.

Ahora, la firma brasileña acusa a Pemex de incumplimientos y de rescindir el contrato sin causa justificada, por lo que también pidió anular un acta de finiquito, según la cual Odebrecht quedó a deber 60 millones de pesos.

"Se solicita que el juez emita la declaración judicial de que PTI incumplió el contrato, al abstenerse de pagar las cantidades debidas, al notificar causales inexistentes de incumplimiento para preparar el acta de finiquito unilateralmente", dice la demanda ordinaria mercantil.

La empresa exige el pago de trabajos que sí fueron ejecutados durante 2016 y hasta junio de 2017, por un total de 261.5 millones de pesos, con IVA incluido.También pide 132.4 millones de pesos por daños y perjuicios derivados de la pérdida de utilidad, y otros mil 480.1 millones, también por daños y perjuicios, pero por el monto del contrato que no alcanzó a ser ejercido debido a la rescisión.

El 20 de diciembre, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil, Benito Zurita, rechazó admitir la demanda de Odebrecht, alegando que el caso se debe llevar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero la empresa ya apeló este fallo ante un tribunal unitario de circuito.

El pasado 2 de octubre, Pemex demandó a Odebrecht por la vía mercantil el pago de 121 millones de pesos por cobros no justificados en la ejecución de otro contrato en la misma refinería, y en este caso, el juez Octavo de Distrito en Materia Civil, Luis Alberto Ibarra, consideró que sí era competente.

Escrito por José Vilchis Guerrero / Nigromante

25 enero 2019.


Colaborador de MRH