Por estos días se siguen difundiendo en radio y televisión spots del presidente Enrique Peña Nieto con motivo del Sexto Informe de Gobierno, en los que resalta los logros de su administración y que considera las reformas estructurales el más importante y de entre ellas, la educativa y la energética; y abiertamente reconoce que el aspecto más relevante donde fracasó –no lo dice así, porque no admite derrotas– sino en el que ‘no se profundizó’, fue en la seguridad, ‘donde no logramos la pacificación del país’. Las cifras oficiales y extraoficiales son contundentes: 12 mil 500 desaparecidos, cifra similar a la del anterior sexenio de Felipe Calderón, según Amnistía Internacional y 117 mil víctimas de homicidio tan sólo en los primeros cinco años.

La cifra total la dará a conocer INEGI en diciembre próximo, al iniciar el nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador. Al enlistar casos emblemáticos de desaparición forzada, Amnistía Internacional mencionó el 27 de agosto anterior el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que tuvo gran impacto a nivel mundial. Pero en el mensaje presidencial no hubo ninguna mención del caso. Los padres y familiares de los normalistas tuvieron un foro en el que especialistas que participaron en la investigación denunciaron la falta de elementos científicos de la ‘verdad histórica’ de la Procuraduría General de la República en la que confía Peña Nieto.

“Aún con la atención mundial en el caso, las autoridades mexicanas han fallado en investigar apropiadamente todas las vertientes del caso, especialmente las preocupantes críticas sobre la complicidad de las fuerzas armadas”, dice el documento de Amnistía Internacional. Uno de los logros que resaltó Peña Nieto fue que con la Reforma Educativa, “se recuperó la rectoría del Estado en la educación” en 44 mil plazas docentes que representaban cinco mil millones de pesos cada año.

Dos días antes, en la Cámara de Diputados, donde se instaló la 64 Legislatura en la que se recibió el Sexto Informe de Gobierno, se dijo que más que una reforma educativa, la de Peña Nieto fue una reforma laboral que restringe los derechos de los maestros, como trabajadores.

El combate a la corrupción, que fue uno de sus objetivos principales y que destacó como un logro, porque se instauró una fiscalía anticorrupción, provocó controversias al venir a la memoria los múltiples casos de ex y gobernadores bajo proceso como el no menos entrañable Javier Duarte, de Veracruz y otros prófugos de la justicia, como el ex mandatario de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

Ambos ex gobernadores han sido beneficiarios de una Procuraduría General de la República, que ha permitido a favor del primero, que un juez haya dejado en libertad a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del PRI en Chihuahua, acusado de peculado por desviar 250 millones de pesos bajo las instrucciones precisas del gobernador Duarte y en cuyo entuerto están implicados nada menos que Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade y Manlio Fabio Beltrones.

En este círculo vicioso Duarte Jácquez dispuso de esa cantidad para que el PRI pudiera financiar las campañas electorales en 2017, las que permitieron al presidente Peña Nieto instalar en la gubernatura a su primo Alfredo del Mazo Maza, contra todas las impugnaciones de su rival Delfina Gómez, del partido Morena, que reclamaba haber sido víctima de un fraude electoral sin precedente.

Fueron públicos y abiertos los litigios de Manlio Fabio Beltrones ante el Poder Judicial para eludir el golpe directo a su gestión como presidente nacional del PRI, beneficiario del peculado a las arcas del gobierno de Chihuahua, que justo al día siguiente del mensaje presidencial puso en evidencia el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en conferencia de prensa.

Denunció Corral que el gobierno de Peña Nieto ha frenado a través de la Procuraduría General de la República la extradición del ex gobernador Duarte y ha facilitado la impunidad a Javier Duarte, de Veracruz, quien hace unas semanas fue exonerado judicialmente del delito de delincuencia organizada, el delito más grave por el que podría estar a un paso de la libertad y quedar impune ante el sistema que apoyó con maletas llenas de dinero en efectivo desde el inicio de la campaña de Peña Nieto, hace seis años.

Refirió el gobernador Corral que la fiscalía de Chihuahua ha impugnado la liberación de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, porque la PGR se negó a citar a declarar a Peña Nieto, Meade y Beltrones, los principales involucrados. “Pero sí se entrevistó con los apoderados legales de las empresas fantasma que participaron con el acusado, con lo cual está claro que se utiliza a la PGR con fines políticos”.

Mostró Corral la documentación con los argumentos suficientes y recursos de apelación contra el sobreseimiento del caso Chihuahua y reversa a la determinación judicial con la impugnación a la liberación de Gutiérrez Gutiérrez, pero admitió que por lo que resta de este gobierno poco se podrá hacer al respecto. “Por lo que acudiremos al nuevo gobierno, que viene con la disposición de combatir la corrupción”.

Al término del mensaje presidencial, que albergó en el Palacio Nacional a una multitud de invitados, entre ellos asistió Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente del Grupo Higa, propietario de la llamada ‘Casa Blanca’, que se convirtió en el caso emblemático de la corrupción peñista. El poderoso empresario soltó una carcajada al salir del evento presidencial cuando el reportero Sebastián Barragán le preguntó respecto a la propiedad que vendió al presidente Peña, a nombre de su esposa Angélica Rivera, a quien agradeció el primer mandatario por su compañía y apoyo durante su gestión, así como a los hijos de ambos.

Escrito por José Vilchis Guerrero (Nigromante) / 07 de septiembre de 2018.


 Colaborador de MRH