*No se olvide que la sociedad es la que se propuso el cambio, y lo votó

*El hartazgo a la violencia de PRI, y PAN orillaron a la gente al repudio

Escrito por Salvador González Briceño. 

La manera de conducir al país que ha mostrado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador —nada qué ver con el ejercicio autoritario del “estilo personal de gobernar” del PRI, que gobernó 71 años, más los 12 del PAN—, desde que tomó el poder el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, ha generado controversias, pero acompañado más de respeto y aceptación, que de rechazo y desaprobación.

Ya antes, desde que le fue entregada la constancia de mayoría por las autoridades electorales (TEPJF), el 8 de agosto de 2018, a poco más del mes de la elección del 1 de julio, el presidente electo comenzó a fijar la agenda política del país; es decir, el presidente en turno, Enrique Peña Nieto, dejó de ejercer el poder haciendo el vacío y permitiendo que López Obrador tomara las riendas, ya durante el periodo de transición.

Eso dio la sensación que, al cumplir los 100 días de gobierno el nuevo presidente lleve mayor tiempo en Palacio Nacional, cuando los “críticos” —periodistas del “chayo” o los “intelectuales orgánicos” al servicio del viejo sistema pripanista, voceros todos de la derecha, o leales activos de los “conservadores”—, le reclamaran promesas “incumplidas” o soluciones imposibles para el corto plazo.

Lo cierto es que son muchas las características que diferencian al actual presidente, de los anteriores procedentes de las filas del PRIAN. El ejercicio del poder, o del estilo personal de gobernar carece de todo parentesco del modelo autoritario, represor, corporativo y clientelar de los presidentes que estuvieron en la silla 71 + 6 años (del PRI), más los 12 del PAN. Desde Plutarco Elías Calles hasta Peña Nieto, pasando por Vicente Fox y Calderón.

El compromiso de cambiar al país, desde la propuesta de la Cuarta Transformación (4T) —las otras tres: Independencia, Reforma, Revolución—, además de atender a los más necesitados, “primero los pobres” y resolver de raíz los problemas de México, se propone cambios desde el modelo económico a partir de luchar contra la corrupción y la impunidad, “como se barren las escaleras, de arriba para abajo”, algo que ningún gobierno anterior se había propuesto, sino todo lo contrario.

Luego entonces, los gobiernos neoliberales, esos que arrasaron con todas las propiedades del Estado, las paraestatales para venderlas a políticos y empresarios, nacionales y extranjeros, han quedado en entredicho tras el estancamiento económico y la crisis permanente, pues el único logro ha sido un país deprimido económica y socialmente pobre.

Qué decir del fundamento neoliberal de libre mercado, que ha fallado tanto en México como en el resto del mundo, incluidos los países centrales desde donde se impulsó, a principios de los años 80 y 90, como la Gran Bretaña y los Estados Unidos de América.

Eso es lo que Andrés Manuel se ha propuesto cambiar, pero para ellos tendrá que modificar las tantas leyes que, desde la propia Constitución, los priistas y panistas establecieron para poder modificar la participación del Estado en empresas como Pemex, se habían establecido desde aquella suerte de Estado de bienestar, en este último caso tras la nacionalización de la industria petrolera de Lázaro Cárdenas en 1938. En otras palabras, legalizar la imposición de la usura, la privatización y venta de los bienes públicos sin más.

Sí, porque los cambios a la Ley Fundamental fueron lentos, pero paulatinamente aplicados, desde un Congreso de la Unión controlado por las mayorías del PRI y el PAN, como reformas fundamentales o “modernizadoras” —para los neoliberales las “reformas estructurales”—, que terminarían modificando sectores clave como la educación, el trabajo, la energía, la seguridad social, las telecomunicaciones, el sistema financiero, etcétera.

Desde el sexenio del usurpador Salinas de Gortari y el otro usurpador Felipe Calderón, sin dejar de lado a Ernesto Zedillo quien ganó por el “voto del miedo”, a Vicente Fox que abusó de “la esperanza por el cambio”, o a Peña Nieto con el “nuevo PRI”.

Imbuido en la violencia generalizada desde las decisiones del usurpador Calderón, cuando decidió sin mayor consulta combatir al narcotráfico con el ejército en las calles —lo que anegó de sangre a las principales ciudades y regiones, las del trasiego de drogas en el país—, siguiendo los lineamientos de Washington con las políticas de control social de los años 70 aplicadas por Richard Nixon, contra hippies y personas de raza negra, la sociedad fue sometida por la vía del miedo generalizado, los crímenes y todo lo que implica tener un país controlado por una suerte de terror desde el Estado.

El que nunca se haya instrumentado, como bien lo dice ahora el presidente López Obrador, una estrategia para combatir la criminalidad y permitir, tolerar o formar parte de las mismas bandas criminales —por comisión, omisión o participación desde las diversas instancias del gobierno, desde el municipal, el estatal hasta el federal—, dejó libre el camino para dicha simiente de horror instalado en el seno de la sociedad.

Contra eso y más, es que lucha el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, conforme al plan de la 4T, es decir:

1) Contra el modelo de rapiña que resultó a final de cuentas el neoliberalismo, empobrecedor y centralizador de la riqueza en pocas manos, con un PIB promedio del 2 por ciento, de “0” si se toma en cuenta el crecimiento de la población;

2) Contra la corrupción, primero contra aquellos proyectos amafiados y truculentos, sin licitaciones o con sobreprecios, mal planeados o robo descarado de plano; como lo relacionado a Pemex y toda su red interna de corruptelas —el auténtico huachicol está en las plataformas marítimas, donde están los inversionistas de la clase política neoliberal—; lo relativo a la CFE y las compras amañadas; al sector salud y el negocio de ida y vuelta en la compra de medicamentos, y el desfalco del IMSS, del ISSSTE, Salubridad, etcétera;

3) Contra la inseguridad que ahoga al país, sembrado de crímenes, sangre en estados donde reinan el cultivo de las drogas, el traslado de las mismas desde los países de Sudamérica y el llamado “control de territorios” que infiere a los centros poblacionales de clientes potenciales, el tráfico de armas y las cuentas en el sector financiero nacional e internacional —la banca gringa y los paraísos fiscales—, un negocio controlado por la DEA;

4) Para atender todo el sector productivo del país, desde el campo a la industria de exportaciones, las pymes, pasando por incentivos regionales donde el gobierno se propone invertir en el desarrollo impulsando proyectos en varios estados del país, como las llamadas cortinas de desarrollo;

5) Apoyar a los sectores marginados, como los estudiantes con las becas para el estudio a partir de niños en el campo, a los “jóvenes construyendo el futuro” aprendiendo un oficio, a las mujeres en general, a los de la tercera edad con su pensión, etcétera;

6) A la recuperación de un Estado interventor y participativo en la planeación de la economía, lejos de los preceptos neoliberales —porque bajo el libre mercado el Estado está lejos de hacer política social—, ajeno a la corrupción e invirtiendo en todas las ramas de la economía para recuperar el crecimiento, pero sobre todo el desarrollo; impulsando el mercado interno, produciendo lo propio en el campo, invirtiendo igualmente en la educación superior y la investigación de áreas punta en ciencia y tecnología, etcétera.

7) Qué decir de una necesaria política exterior como reflejo de la política interior, como se lo ha planteado la 4T, con los principios juaristas primero —de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias—, tanto con el vecino del norte como el resto del mundo, incluyendo casos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde se propone el diálogo entre las partes como solución de los conflictos.

Contra todo lo que representó el neoliberalismo en 36 largos años, es por lo que el gobierno de la 4T está luchando, trabajando con el soporte de los 30 millones de votantes que le dieron el aval, y con ello la legitimidad, en la elección del 1 de julio de 2018 a López Obrador y a su partido Morena —el partido del cambio—, que recibió de la sociedad el voto en paquete para el control de la presidencia y el Congreso de la Unión.

Por lo anterior, es que ambas instancias, partido y Congreso, tienen una gran tarea por delante. El primero con la reorganización interna para afianzar el consenso social, el segundo con las reformas necesarias y obligadas que se requieren para impulsar los cambios de raíz que se ha propuesto la 4T; la marcha atrás de las políticas de libre mercado.

Morena, como partido en el gobierno dejó de ser el partido del gobierno, como antes PRI y PAN mientras tuvieron el control del poder en sus manos. Ahí donde partido y presidencia de México —PRI-gobierno y PAN-gobierno—, se fundían bajo los mismos fines políticos: como la defensa de los mismos intereses para sus huestes, en los negocios, en las políticas públicas, en el desfalco, en las corruptelas; en las componendas entre políticos y empresarios, en el reparto territorial y los controles caciquiles, en los enjuagues con las mafias, en el control de los negocios sucios al amparo del poder, en… etcétera.

Por lo mismo es que Morena debe acelerar el paso de su redefinición del rol que tiene ante el poder presidencial; más cuando el propio presidente hace deslinde entre partido y gobierno, “el partido es una parte”, y el “gobierno es para todos” representante de la sociedad en general.

El hecho es que el amasiato PRI-gobierno se acabó: se terminó el cochupo, el favoritismo, el compadrazgo, el cacicazgo, el corporativismo; el reparto de los recursos públicos para los cuates, los privilegiados; el contubernio desde el poder para apoyo de las políticas partidistas, entre otras.

Con todo eso ya no cuenta Morena. Morena tiene frente a sí un escenario diferente. Claro que no deja de ser el partido en el poder, pero eso no es lo mismo que el partido del poder. Es el partido que encumbró a la Presidencia de la República a su candidato, Andrés Manuel López Obrador, así como al resto de los poderes de la Unión, gubernaturas, congresistas locales y presidencias municipales.

Es el partido que llevó a los candidatos a ganar con una plataforma política, principios y estatutos para cambiar al país. Siempre a beneficio de la sociedad en general, sin distinción de banderas ni colores.

Es el mismo partido que está en proceso de reestructuración —tarea maratónica que reclama unidad de sus militantes—; o de la construcción de una estructura a nivel nacional con capacitación operativa, formación de cuadros, difusión de sus propuestas, etcétera. No debe desdeñarse la experiencia del PRI, el partido que en siete décadas extendió su presencia a nivel municipal.

Se requiere, para un partido como Morena que goza de gran reputación a escala nacional, aprovechar el triunfo del 1 de julio de 2018. Para servir de soporte a las políticas sociales, demandante de las necesidades de la población para encaminarlas a ser políticas de Estado. A eso no puede renunciar, en tanto son las demandas que recabó durante las campañas, que responden a las necesidades de la gente en todos los rincones del país, como es el asunto de la inseguridad.

El partido no renuncia, no puede, a las demandas que los políticos recabaron para allegarse el voto popular. Tampoco se puede, no se debe, dejar de lado que Morena es el partido creado por el propio López Obrador para alcanzar el poder y emprender el cambio desde la 4T.

Morena le debe a la gente lo que la gente reclama, por lo menos a militantes y simpatizantes a 10 meses de la elección: la presencia partidista a ras de suelo: en las casas, en los barrios, en las colonias, en los centros de reunión o de trabajo; en las mesas de discusión estudiantiles, con los vecinos, los trabajadores, los campesinos, jornaleros, empresarios, especialistas, etcétera.

También por aquellos interesados en participar de la política, bajo los preceptos de un partido que busca consolidar el cambio para el bienestar de los mexicanos sin distingo de ningún tipo.

Solo así, desde luego trabajando, el partido logrará posicionarse para enfrentar los retos que se vienen, como es mantenerse en el poder. Por cierto, a cuento de preceptos democráticos como la no reelección; pero sobre todo lograr consolidar el cambio en la sociedad —se requieren al menos otros 35 años de vigencia para renovar la política, para cambiar a México—, no basta remover las entrañas de las estructuras del PRIAN.

Porque los conservadores que hoy son la oposición se resistirán a quedarse fuera del poder mañana. Pero se les debe ganar a toda ley, con la ley electoral en la mano. Para eso se requiere que Morena encuentre su rol frente a los nuevos escenarios políticos, los que se crearon a partir de convertirse en partido en el poder, así como los que el presidente López Obrador está empujando para lograr los cambios.

Para eso se requieren lazos sólidos y permanentes con la sociedad. Para estar a la altura de la nueva conformación de la política mexicana, esa política necesariamente democrática para renovar al país. A Morena le corresponde ser al partido para estos nuevos retos, para el cambio y para no perder el poder a la vuelta de la esquina, pues el arrebato de las ambiciones personales o mezquindades de los grupúsculos al estilo del viejo PRI o del PAN siguen vigentes.

Para evitar eso se requiere incluso una nueva cultura política, con principios, con fundamentos, con la democracia en todas sus formas. El partido requiere, sobre todo, una vida política activa, institucional como lo exigen las circunstancias. Un partido con simiente democrática, plural, multicultural e incluyente. Eso es lo menos que habrá que fomentar entre los votantes del 1 de julio de 2018, y las elecciones por venir. Para un nuevo gobierno, y con el nuevo partido. O con los gobiernos emanados de Morena.

Más ahora que la 4T está comenzando, pisando callos y generando cambios importantes en el país y contra los cuales se levantan, vociferan aquellos que generaban opinión pública, los del “chayo” y los “intelectuales orgánicos” en la prensa fifí, los voceros de los conservadores.

El pleito sucio de una derecha mexicana cuyo poder económico permanece intacto, porque fue mucho lo que saqueó durante décadas, tanto como la pérdida de bienestar de los mexicanos. Son la reacción, hoy oposición que juega sucio, sin reglas claras, porque nunca las respetaron.

Los conservadores, los antipatriotas, esos que robaron a manos llenas y no se cansaron nunca de saquear, hasta que el voto popular los echó fuera del poder, de la silla presidencial y del control del presupuesto público.

Esa es la derecha que hoy se opone haciendo mucho ruido. Y sus fieles servidores son quienes se oponen a la 4T, desde que el nuevo gobierno les ha cortado las redes de la corrupción y el robo del presupuesto, de los negocios turbios y de sus ambiciones de poder sin llenadera. Contrarrestar es lo menos que Morena debe hacer para apoyar el cambio.

Porque el país demanda instrumentar políticas de largo plazo; aunque el largo plazo es hoy, no mañana. Porque como dijo Keynes: “En el largo plazo todos estaremos muertos.”

Elaborado por Salvador González Briceño / 6-7 mayo de 2019.


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